¿Pueden las actividades extractivas coexistir con otras actividades y espacios económicos, ambientales y sociales, y convertirse en un elemento importante vinculado a procesos de desarrollo social? La respuesta a esta pregunta en más de un país o región es un preocupado escepticismo, no sólo perceptible en grupos que mantienen cuestionamientos a la actividad extractiva, sino de las poblaciones, gobiernos y hasta las propias empresas, que han depositado en el desarrollo de algunos de estos proyectos importantes expectativas de crecimiento económico y mejoramiento de condiciones sociales. En el supuesto ideal, la llegada de grandes inversiones, con su promesa de financiamiento, tecnología y modernas capacidades de gestión, debería tener como consecuencia en algún plazo dado un mejoramiento visible y sostenido de las oportunidades y las condiciones de vida, seguridad y gobernabilidad de regiones, países y localidades donde interviene la actividad extractiva. Sin embargo, lo que ...