¿Pueden las actividades extractivas coexistir con otras actividades y espacios económicos, ambientales y sociales, y convertirse en un elemento importante vinculado a procesos de desarrollo social?
La respuesta a esta pregunta en más de un país o región es un preocupado escepticismo, no sólo perceptible en grupos que mantienen cuestionamientos a la actividad extractiva, sino de las poblaciones, gobiernos y hasta las propias empresas, que han depositado en el desarrollo de algunos de estos proyectos importantes expectativas de crecimiento económico y mejoramiento de condiciones sociales.
La respuesta a esta pregunta en más de un país o región es un preocupado escepticismo, no sólo perceptible en grupos que mantienen cuestionamientos a la actividad extractiva, sino de las poblaciones, gobiernos y hasta las propias empresas, que han depositado en el desarrollo de algunos de estos proyectos importantes expectativas de crecimiento económico y mejoramiento de condiciones sociales.
En el supuesto ideal, la llegada de grandes inversiones,
con su promesa de financiamiento, tecnología y modernas capacidades de gestión,
debería tener como consecuencia en algún plazo dado un mejoramiento visible y
sostenido de las oportunidades y las condiciones de vida, seguridad y
gobernabilidad de regiones, países y localidades donde interviene la actividad
extractiva.
Sin embargo, lo que parece ser más común es la percepción
de conflictos, corrupción, desconfianza en el compromiso y en la capacidad de
regulación de los gobiernos, y limitadas mejoras sociales y económicas en
poblaciones y entornos locales vinculados con actividades extractivas. Esta
percepción refuerza la idea de una incompatibilidad fundamental entre la
implementación de actividades extractivas y los procesos de desarrollo
sostenible.
La “maldición de los recursos”
Estas condiciones, por desgracia, no son novedosas y
suelen identificarse en diversos contextos históricos y geográficos bajo la
noción de "la maldición de los recursos". Es decir, la idea de que la existencia de
recursos naturales con alta demanda en los mercados no genera los beneficios esperados para una región,
país o localidad, sino más bien desencadena una serie de problemas que agravan
las situaciones de precariedad económica, social, ambiental e institucional.
En el caso de países como el Perú, cuya integración a los
circuitos económicos mundiales ha estado marcada principalmente por la
abundancia y la extracción de recursos naturales, es importante analizar y
discutir los factores que deben ser tomados en cuenta para sostener una
vinculación más productiva entre extracción y desarrollo. Esto es más relevante en momentos en los que,
a pesar de los temores causados por la crisis económica global de los últimos
años, es probable que se mantengan niveles de demanda y precios que sostengan
el interés por desarrollar el sector extractivo en países con abundancia de
recursos estratégicos. En este mismo
escenario, la demanda por la obtención de recursos naturales, va de la mano con
una cada vez mayor demanda de priorizar el cuidado ambiental, la
responsabilidad con las comunidades humanas, y por asegurar una distribución
más amplia y equitativa de las oportunidades y beneficios del desarrollo
económico.
Exorcizando la maldición
Las experiencias de articulación de actividades
extractivas con procesos de desarrollo, especialmente en regiones con menor
desarrollo económico e institucional, sugieren que existen efectivamente
factores que dificultan una adecuada interacción entre objetivos y prioridades
locales y la intervención de un proyecto extractivo.
En los últimos años, como parte de la reflexión y la
práctica del concepto de Responsabilidad Social Corporativa, son cada vez más
las empresas que, además de cumplir con su obligación de acatar las normas y
obligaciones tributarias correspondientes a su actividad, asignan importantes
recursos financieros, técnicos y humanos para desarrollar procesos de inversión
social en las localidades y países en los que operan.
Algunos de estos procesos han producido resultados
importantes para las poblaciones y empresas involucradas, pero es frecuente
encontrar también importantes factores que dificultan una articulación eficaz
entre las prioridades del desarrollo de una localidad, región o país y la
intervención social de los proyectos extractivos.
Factor
clave: las capacidades locales para asimilar adecuadamente los riesgos y
oportunidades de una gran inversión
Entre las muchas posibles lecciones de la experiencia,
uno de los principales factores que afectan la posibilidad de que la inversión
social privada produzca resultados visibles y satisfactorios tiene que ver con
el bajo nivel de desarrollo de las capacidades humanas e institucionales
existentes en determinados entornos sociales.
Una importante proporción de grandes proyectos
extractivos en países en desarrollo tiene lugar en espacios caracterizadas por
situaciones de alta exclusión social, económica y política de muy larga data,
cuyas poblaciones y gobiernos cuentan con muy pocas capacidades para poder
asimilar en provecho propio el ingreso de una gran inversión en su
localidad. Es común que sean otros
actores más capacitados quienes aprovechen más rápida y efectivamente las
oportunidades generadas por la actividad extractiva.
La precariedad social, económica y política de estos
entornos sociales dificultan los procesos de diálogo, negociación,
representación política, regulación, supervisión, planificación y gestión
eficaz y transparente que son indispensables para garantizar a todas las partes
interesadas que los riesgos y oportunidades generados a partir de una actividad
extractiva van a regularse y distribuirse de manera adecuada, equitativa y oportuna. La asimetría básica entre proyectos
extractivos con grandes capacidades técnicas y financieras, y espacios social,
política y económicamente frágiles, cuando no es debidamente reconocida y
controlada, es el principal obstáculo para un diálogo más equilibrado y una
planificación concertada que oriente mejor los recursos privados de acuerdo con
las prioridades de desarrollo de sus entornos sociales.
Cuando la entrada de grandes inversiones y proyectos
extractivos se produce en estas condiciones, lo más probable es que, a pesar de
los recursos, voluntad y buenas intenciones invertidas, la mayor parte de las
oportunidades y beneficios no se trasladen de manera oportuna y efectiva a las
comunidades, regiones o países involucrados, alimentando por el contrario la
frustración de expectativas, la precariedad institucional y la desconfianza en
las posibilidades de que la actividad extractiva forme parte de una estrategia
de desarrollo y sostenibilidad.
En el caso de los países tradicionalmente dependientes de
sectores extractivos como actividad económica principal, en particular cuando
esta dependencia es cuestionada por visiones de futuro alternativo que buscan
superar el extractivismo, es indispensable evaluar de qué forma se espera
alcanzar esta transición y cómo vincular el crecimiento basado en los recursos
no renovables con el desarrollo de capacidades humanas e institucionales.
Los gobiernos, las empresas y las comunidades en estos
países deberán invertir mucho esfuerzo, recursos y madurez para diagnosticar
sus problemas de interacción, e identificar los intereses comunes y los
instrumentos de diálogo y gestión que les permitan superar la desarticulación
que aún subsiste entre extracción y desarrollo.
Jorge Chávez Granadino
Gerente de Proyectos
CCPM Grupo Consultor